Revista Latinoamericana de Difusión Científica  
Volumen 5 – Número 8  
Depósito Legal ZU2019000058 - ISSN 2711-0494  
Revista Latinoamericana de Difusión Científica  
Volumen 5 - Número 8  
Enero – Junio 2023  
Maracaibo – Venezuela  
Revista Latinoamericana de Difusión Científica  
Volumen 5 – Número 8 – Enero/Junio 2023- ISSN 2711-0494  
Jesús E. Párraga Meléndez // Aproximaciones reflexivas a la política de control social, 218-239  
Aproximaciones reflexivas a la política de control social  
DOI: https://doi.org/10.38186/difcie.58.11  
Jesús Enrique Párraga Meléndez*  
RESUMEN  
El objetivo del artículo consiste en caracterizar la política de control social, formal e informal,  
a la luz de los principales desarrollos teóricos (multidisciplinarios) sobre el tema. Justificó el  
desarrollo de la investigación un intento de aproximación reflexiva a acontecimientos de la  
historia contemporánea de Venezuela en el período (2013-2021), los cuales, para poder  
explicarse de forma racional, deben enmarcarse en las contradicciones del ordenamiento  
jurídico, especialmente en cuanto a las competencias derivadas de la política de control  
social. Mucho más cuando, el sistema de gobierno del régimen de Nicolás Maduro deriva  
en posibles excesos que de manera sistemática pudieran desdibujar el uso adecuado de tal  
control, desde una perspectiva formal. En lo metodológico se trata de una investigación  
descriptiva estructurada mediante el despliegue de una metodología fenomenológica-  
hermenéutica. Se concluye que una nueva categoría de control social se implementa en  
función del uso de herramientas tecnológicas masivas como es internet y las redes sociales,  
las cuales al ser utilizadas por órganos estatales no cambian la naturaleza del control social  
pues prevalece el hecho que el agente que detenta el poder es el Estado, por ello es  
pertinente advertir que se trataría de un control social formal y a veces invisible.  
PALABRAS CLAVE: Control social, políticas públicas, Estado, Ciencia política.  
Este artículo se deriva de la tesis desarrollada en el marco del doctorado en Ciencia Política de la  
Universidad del Zulia, intitulada: Sentido de la política de control social en Venezuela en el marco  
del binomio: seguridad jurídica y Derechos Humanos.  
*
Investigador del Instituto de Criminología Dra. Lolita Aniyar de Castro. Profesor de Criminología en  
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Venezuela. ORCID:  
https://orcid.org/0000-0001-8365-3362. E-mail: jeparmel@gmail.com  
Recibido: 12/09/2022  
Aceptado: 08/11/2022  
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Reflective approaches to Social Control Policy  
ABSTRACT  
The objective of the article is to characterize the politics of social control, formal and informal,  
in the light of the main (multidisciplinary) theoretical developments on the topic. It justified  
the development of the research an attempt of reflexive approach to events of the  
contemporary history of Venezuela in the period (2013-2021), which, in order to be explained  
rationally, must be framed in the contradictions of the legal system, especially regarding the  
competences derived from the policy of social control. Even more so when the system of  
government of Nicolás Maduro's regime derives in possible excesses that could  
systematically blur the adequate use of such control, from a formal perspective.  
Methodologically, this is a descriptive research structured through the deployment of a  
phenomenological-hermeneutic methodology. It is concluded that a new category of social  
control is implemented based on the use of massive technological tools such as the Internet  
and social networks, which, when are used by state bodies do not change the nature of  
social control since the fact that the agent that holds power is the State prevails, therefore it  
is pertinent to advise that it would be a formal and sometimes invisible social control.  
KEY WORDS: Social control, public policy, State, Political Science.  
Introducción  
La supervisión ciudadana que realizan las autoridades gubernamentales no es una  
novedad, desde distintos escenarios históricos se han contemplado estrategias que  
conllevan al control social, cada uno adaptado a la época correspondiente y al sistema de  
gobierno, aunado a ello el poderío económico también es relevante al momento de  
determinar las políticas referidas a dicho control social. Los sistemas de gobierno deben  
estar enfocados en las diferencias históricas, culturales y sociales de cada territorio;  
paralelamente, sus actuaciones ameritan el bienestar de la población. Así, las atribuciones  
y competencias otorgadas a los órganos y entes que forman parte del ecosistema estatal  
perfilan su propósito en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, bajo esta premisa es  
fundamental contar con un marco jurídico que establezca límites al ejercicio del poder del  
Estado.  
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Existe una amplísima variedad de formas de gobierno; con frecuencia grosso modo  
se dividen en repúblicas y monarquías, especialmente de la primera derivan distintos  
adjetivos que la califican desde democráticas hasta dictatoriales y, otras tantas, que oscilan  
entre un extremo y otro. Más allá de esa división los órganos establecen mecanismos que  
conllevan a controlar a la población.  
Las primeras experiencias de control social se enfocaron en Roma, pues se  
establecieron los feudos que dieron lugar al control desde una perspectiva económica, de a  
poco se difuminó el imperio para darle paso a los propietarios de amplias extensiones de  
tierra, así el control lo tenía el señor feudal sobre los vasallos.  
“
En efecto, la desaparición de Roma como fenómeno político, militar y  
administrativo ocurre dando paso a una nueva mentalidad, una nueva percepción  
de la vida, una nueva forma de producir, de relacionarse los hombres entre sí,  
una nueva forma de autoridad y mando, una nueva sociedad” (Salcedo Picón,  
2
004: 28).  
El vasallaje fue determinante en la política de control social, puesto que a cambio de  
protección (que otorgaba el señor feudal), el siervo tenía que cumplir determinadas  
obligaciones basadas en la obediencia y fidelidad, especialmente en materia militar y de  
apoyo político, una de sus características es que el acuerdo se hacía entre personas libres,  
el contenido económico era, si se quiere, la razón de ser de tal modelo de control. Durante  
la Edad Media se establecieron, además monarquías feudales, por lo tanto, al control se le  
sumaba otro elemento de poderío, el vitalicio y heredado, y en ello el catolicismo tuvo amplia  
participación.  
De esta manera, un nuevo esquema de control social se instauraba por medio de las  
creencias religiosas (con sus divisiones y variantes) fuertemente arraigadas en las  
enseñanzas universitarias. El rol de la iglesia católica en la creación de instituciones  
educativas eclesiásticas estableció las bases para un control teológico. Asimismo, las  
creencias contrarias eran perseguidas, el que tuviera costumbre, actuar o moral distinta era  
acusado de hereje y debía ser perseguido.  
Con la llegada de la Edad Moderna la libertad de mercados y la diversificación de las  
herramientas de comunicación establecieron ajustes en el control social. El poder estaba en  
manos del capital y la burguesía, los esquemas de obediencia se sustentaban en la  
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necesidad de trabajar, pero sin regulación estatal; esa era la ética predominante en la época.  
Particularmente, el descubrimiento y colonización de América marcó pauta para que  
relaciones de poder distintas se conocieran, cada una desde sus especificidades, el  
resultado fue anomia e incertidumbre para las personas que ya habitaban el territorio,  
aunado a ello la mezcla reproductiva (mestizaje) trajo consigo nuevas formas de control  
desde el idioma hasta la atención de la salud y la conversión al catolicismo.  
Las luchas de clases en contra de las políticas implementadas para el control de las  
personas se tornaron en reaccionarias y violentas. Uno de los hitos más relevantes (con el  
cual se finaliza la Edad Moderna) es la Revolución Francesa en 1789, con ella la política, la  
economía, el derecho, la sociología, cambiaron los ideales que las sustentaban; la  
alfabetización permitió que se ampliaran los círculos en los cuales discurrían discursos de  
transformación y los sistemas de gobierno y control se ajustaron a demandas de mayor  
acceso a la cosa pública. “De aquí adelante la transformación y creación de las instituciones  
políticas y con ellas, las de control social; todas a partir de ahora impersonales, públicas,  
nacionales” (Salcedo Picón, 2004: 121).  
Con la Edad Contemporánea, se institucionaliza uno de los componentes  
1
característicos del control social , la cárcel moderna, en palabras de Zaffaroni, Alacia y  
Slokar (2006), la prisión tiene efecto deteriorante y criminógeno (reproductor de clientela  
carcelaria, fijador y potenciador de roles desviados y condicionante de desviaciones  
secundarias más graves que la primaria que motiva la prisionización). Así, el enfoque del  
control social se sustentó en las decisiones derivadas de la administración de justicia. El rol  
del juez determinó la implementación de políticas dirigidas a limitar el derecho a la libertad.  
Ahora bien, entre 1920 y 1980, los sistemas judiciales penales aunque no perdieron  
vigencia, comenzaron a ser deslastrados por un enfoque distinto de control social que se  
configuraba en el reconocimiento de derechos laborales, razón por la cual la capacidad de  
control por parte del Estado requería equilibrar las exigencias sindicales y patronales dando  
paso, entonces, a un control tripartito que a la larga requirió participación de otros actores  
sociales como organizaciones no gubernamentales y sus especialísimos temas de  
cobertura, conforme a quien tuviera mayor capacidad de poder. “Para Foucault toda relación  
1
Tal como se explica en este artículo, el concepto de control social para esta investigación es más amplio que  
el circunscrito a aspectos penales y criminológicos.  
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social es de poder, de lo que puede concluirse que sus ideas sobre el poder se tratan  
realmente de un presupuesto sobre las relaciones sociales” (Toro Silva, 2019: 185), por ello  
el control social no se limita a situaciones enmarcadas en la materia penal y criminológica.  
Posteriormente, con la globalización los novedosos esquemas de control pasaron a  
formar parte de mayores necesidades de comunicación inmediata y de consumo, por lo cual  
los parámetros que caracterizaban a las políticas de control social no provenían,  
necesariamente, de las decisiones gubernamentales o de cualquier rama del poder público,  
sino que las empresas multinacionales y los organismos multilaterales eran (y son) quienes  
determinan las políticas de control social. La supervisión no se mantiene en un ámbito  
territorial determinado pues ha sido superado por quien detente las facilidades y la fuerza  
económica y comunicacional, un ejemplo de ello son las redes sociales que en cuestión de  
segundos fijan criterios que dominan a las masas.  
En este punto es importante mencionar que la información estratégica en la que se  
evalúan incluso los horarios para darla a conocer es una de las singularidades del control  
social mundial. En un contexto en el que hay una aparente espontaneidad, realmente hay  
adoctrinamientos que van desde la forma de vestir, expresarse, que no obedecen a  
situaciones momentáneas o de moda, sino a herramientas planificadas para mantener  
comportamientos en la población: “Tiende a la homogeneización, clasificación y  
organización de los sujetos en función de los intereses de producción y de conocimiento del  
grupo dominante en la sociedad moderna” (Toro Silva, 2019: 185).  
Con las nuevas tecnologías, la información se multiplica; hay un cambio sustancial  
en la escala, el tamaño y el tipo de datos, esto lleva a la aparición de fenómenos como el  
Big Data y demás dispositivos inteligentes que recogen y almacenan millones de datos  
personales de cada integrante de la sociedad; lo que implica que la información de cada  
persona esté a disposición de cualquiera en la red. Del mismo modo, la era marcada por la  
transformación que han supuesto tanto la información, como los avances tecnológicos y  
digitales, puede llevar a la aparición del control social y una evolución del panóptico y la  
vigilancia a partir de la información, y el cambio en el tamaño y cantidad de datos e  
información (Polo Roca, 2020).  
En el ámbito internacional las imposiciones de las reglas de control social provienen  
de los países centrales hacia los que se encuentran en la periferia. A las políticas  
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postmodernas no les interesa cuidar las formalidades que tienen las libertades civiles,  
aunque no se aceptan las dictaduras a ultranza, se han promulgado legislaciones que eran  
consideradas excepcionales, institucionalizándolas con formas jurídicas cotidianas y  
permanentes para legitimar y dar cauce a las nuevas estrategias de control social (Sánchez,  
2
012).  
Lo anteriormente expuesto, da cuenta de los cambios que ha tenido el control social,  
ya no depende solo de la administración gubernamental, el denominador común es el poder  
económico en primer lugar, seguido de la cercanía a los órganos que toman las decisiones  
para implementar políticas concretas de supervisión ciudadana, a la par que quien tiene el  
poderío comunicacional mantendrá los estándares de comportamiento según su criterio.  
Estas novedades ameritan transformaciones en las definiciones de control social pues, cada  
vez se aleja más de esa dinámica coercitiva y sancionatoria que caracteriza a la criminología  
y a los aspectos jurídicos penales.  
El basamento jurídico no deja de ser importante, toda vez que de su existencia y  
aplicación se deriva la seguridad jurídica y el necesario respeto hacia los derechos  
humanos; sin embargo, el componente que en la actualidad rige al control social, es la  
capacidad comunicacional subliminal, en ocasiones utilizada por las autoridades estatales.  
Se trata de una manera de implementar mensajes que pudieran pasar desapercibidos, pero  
influyen en las conductas.  
Por su parte, desde una perspectiva netamente estatal, el control social le ha sido  
adjudicado tradicionalmente al Estado, en otras palabras, la tarea de supervisar y fiscalizar  
a la población le ha correspondido al Estado (sea república o sea monarquía, y cada una  
de sus distintas variables) y la mantiene, solo que ahora debe hacer uso de otras  
plataformas, medios y redes sociales, asimismo utiliza mecanismos que no aparentan ser  
coercitivos y se acompañan de disposiciones jurídicas que le otorgan validez y vigencia  
normativa y jurisprudencial.  
De tal manera que, aunque existen medios novísimos para implementar las políticas  
de control social, el estado implementa otras maneras en aras de lograr dicho control,  
especialmente en zonas en las cuales no es posible que la población cuente con acceso a  
internet o se le imposibilite el uso de equipos tecnológicos. En todo caso, más allá del actor  
social que tenga en un momento determinado la oportunidad de ejercer el control social o  
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de los mecanismos que se utilicen a tales efectos, la supervisión continua, por lo tanto, es  
necesario establecer una definición de control social.  
1. Definición de control social: más allá de la Criminología  
Los planteamientos anteriores invitan a describir algunas definiciones de control  
social para, posteriormente, presentar una derivada de esta investigación, en este sentido  
se destaca que existe una vinculación con la fiscalización y supervisión estatal desde la  
perspectiva coercitiva que singulariza a la materia penal y criminológica; no obstante, la  
tendencia, especialmente en Venezuela, amplía el panorama de situaciones controladoras  
que traspasan las fronteras de las áreas mencionadas.  
Entonces, el Estado hace uso del control social a los efectos de mantener la  
seguridad jurídica y garantizar el goce y ejercicio de cada uno de los derechos humanos,  
esa sería la finalidad principal del control social, y a ello se encuentra dirigida la Constitución  
de la República Bolivariana de Venezuela, ahora bien, para que tales extremos se lleven a  
cabo, es decir, que de manera fáctica se realicen es menester que el conjunto de órganos  
y entes del poder público se aboquen a dicha tarea. En este orden de ideas, se precisa que  
el mencionado control social es amplísimo, generalmente se divide en formal (aparece  
contenido en las disposiciones normativas) e informal (se relaciona con actuaciones ocultas  
o solapadas).  
De tal manera que, el control social está relacionado al vasto campo de actuaciones  
que puede llevar a cabo el Estado para mantener el orden en un territorio específico y que,  
generalmente, se encuentra vinculado a las competencias penales del Estado, lo que  
tendría mayor relevancia es el imperio estatal desde una perspectiva de dominio a través  
de los posibles efectos sancionatorios que revisten las instituciones penales. No obstante,  
al incorporar el elemento informal a dicho control social desde las actuaciones del Estado  
surge un concepto más amplio del mismo, esto es, un control social que traspasa el ámbito  
penal, incluye otras herramientas para la supervisión y contención ciudadana.  
Dentro del control social están contenidos, en primer lugar, todos los procesos y  
métodos a través de los cuales una sociedad asegura que sus miembros se ajusten a sus  
expectativas o interés general; y, en segundo lugar, las respuestas hacia las conductas  
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desviadas (Romero Salazar, Rujano Roque, Del Nogal, 2002). Para Moreno (2016), el  
control social tiene una serie de aspectos, de los cuales se destacan los siguientes:  
Es un mecanismo de ejercicio directo la soberanía popular que reside intransferiblemente  
en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en las normas del  
ordenamiento jurídico.  
El control social es un deber ya que toda persona debe cumplir sus responsabilidades  
sociales y participar solidariamente en la vida civil y comunitaria del país.  
También se constituye en un medio de participación y protagonismo del pueblo en  
ejercicio de su soberanía, en lo social, a través de: las instancias de atención ciudadana,  
la autogestión y la cogestión.  
Las formas cómo puede ser ejercido, tienen como fin último lograr la felicidad social,  
además de verificar y vigilar todo lo necesario para garantizar los intereses colectivos.  
En opinión del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos  
(
PROVEA) (2020) el control social se fundamenta en la implementación de una serie de  
mecanismos con el objetivo de dominar a la sociedad, así como a las familias e individuos  
que la componen. Lo diferencia de las políticas sociales, que están destinadas a mejorar las  
condiciones de vida, especialmente de los más vulnerables, por lo cual es importante dejar  
claro que el control social no está orientado al bienestar social, su fin último es el dominio  
político de la sociedad. Por su parte, en opinión de Ordoñez Valencia, y Trelles Vicuña  
(
2019: 2):  
“
El control social se constituye en un mecanismo esencial para el bienestar de la  
sociedad y la actuación de la gestión pública, al permitir el ejercicio de prácticas  
y actividades direccionadas hacia la defensa de intereses colectivos, por parte de  
ciudadanos organizados y activados para participar en decisiones promovidas  
por el Estado, así como vigilar y evitar desviaciones, cambios e incumplimiento  
en las decisiones tomadas; de esta manera, el control social se convierte en una  
estrategia de la participación ciudadana”.  
Al entender de esta investigación, la naturaleza del control social radica en el poderío,  
el cual es usualmente ejercido por el Estado como expresión de fuerza política, pero ello no  
limita que personas o sectores del sector privado también se sirvan del mismo. Esto último  
dependerá de quien ostente el poder, sea por medio de la promulgación de normas, a través  
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de la conflictividad social, por medio del uso de la fuerza física, la capacidad de llevar algún  
mensaje a las masas, incluso el carisma es un elemento configurativo del poder, y hasta por  
la cercanía por quien en algún momento pueda ejercer el control.  
“
Actualmente se sabe prácticamente quién explota, a dónde va el provecho, entre  
qué manos pasa y dónde se invierte, ... Del mismo modo, sería necesario saber  
bien hasta dónde se ejerce el poder, por qué conexiones y hasta qué instancias,  
ínfimas con frecuencia, de jerarquía, de control, de vigilancia, de prohibiciones,  
de sujeciones. Por todas partes en donde existe poder, el poder se ejerce”  
(
Foucault, 1979: 130).  
En todo caso, una de las variables fundamentales es el poder político y las ideologías  
subyacentes. El interés que en las ciencias sociales contemporáneas ha suscitado el tema  
del poder contrasta con una relativa desatención normativa por parte de la teoría política a  
los mecanismos de control y dominación social (Cartay y Dávila, 2020).  
Toro Silva (2019: 176) lo define como: “La garantía del cumplimiento de las normas  
que rigen las acciones de los miembros de un grupo social”. También se hace referencia al  
control social extrapenal, esto es: “El conjunto de instrumentos utilizados por el poder para  
mantener el orden impuesto, que se reflejan en las instituciones económicas, religiosas,  
familiares y, en especial, en que establece el derecho civil, el mercantil, el laboral, el  
administrativo, etcétera” (Carrillo Prieto, 2004: 32). “El control social como corrección de la  
desviación, busca reproducir ciertos niveles de homogeneidad en los espacios de la vida  
cotidiana” (Castro Blanco, 2008: 164).  
El control social pretende alcanzar una sociedad ideal bajo la inspección de las  
acciones de las personas, que son las únicas capaces de irrumpir en lo existente.  
Claramente los controles sociales que existen, ya sean informales o formales, o nacidos  
bajo realidades sociales o elucubraciones del poder judicial, buscan regular una acción o un  
conjunto de acciones que se consideran sanas o insanas para el colectivo. La acción se  
presenta entonces como la razón de ser del control, pues el sujeto no pasa de ser más que  
el medio por el cual se desarrolla la acción (Rojas Hernández, Efing y Diniz Biazi, 2016), en  
otras palabras, el control social se activa de acuerdo a determinadas situaciones de la  
dinámica ciudadana o cuando quien detente el poder pretenda algún resultado concreto.  
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En cualquier supuesto, el control social requiere de políticas, a saber, orientaciones,  
pautas, directrices establecidas. Deberían acompañarse de orden y seriedad en la  
implementación, no se trata de un mero plan, sino de la adecuación de personal, suministros  
y procedimientos que se traduzcan en resultados adecuados. Por ello, al hacer referencia  
al control social es pertinente mencionar que el mismo se materializa a través de una política  
concreta, la misma tiene transformaciones en la medida en que cambie el sujeto u  
organismo que se apropie del poderío.  
En términos generales, la política está referida a cada una de las actividades en las  
que interviene el Estado y la administración gubernamental correspondiente, comprende un  
conjunto amplísimo de decisiones y relaciones de poder, su dinámica atiende a los diversos  
roles o competencias que puede tener el Estado (o el sector privado), el cual, en el caso  
venezolano es Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, tal como lo establece  
el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con ello las  
orientaciones y directrices públicas que indique el Estado venezolano deben sustentarse en  
mecanismos democráticos, sociales, de derecho y de justicia, en esto se incluye la política  
de control social.  
De los comentarios previos, es menester advertir que la presente investigación  
asume al control social en un sentido amplio, pues se incluyen dentro de dicha terminología  
no solo los aspectos formales e informales, sino que traspasa los límites de la materia penal  
(
como conjunto de delitos, faltas y sanciones) englobando, de esta manera mecanismos de  
control como las políticas dirigidas a la censura, la represión, la pobreza, la ignorancia, los  
alimentos, los servicios públicos, por mencionar algunas, incluso a competencias estatales  
otorgadas por medio de poderes especialísimos como es el caso de leyes habilitantes que  
permiten legislar a órganos que, en principio, no estarían facultados para ello.  
Por lo tanto, el control social obedece a un conjunto de directrices, englobadas o no  
en el ordenamiento jurídico que monitorean el comportamiento colectivo de las personas en  
un territorio determinado, las cuales emanan de la persona u organismo que detente el  
poder en un momento histórico concreto. De tal definición se extrapolan los siguientes  
elementos fisionómicos del control social que serán detallados en el siguiente acápite:  
.
Conjunto de directrices, englobadas o no en el ordenamiento jurídico.  
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.
.
Monitorean el comportamiento colectivo de las personas en un territorio  
determinado.  
Emanan de la persona u organismo que detente el poder en un momento histórico  
concreto.  
2. Elementos del control social  
En virtud de los planteamientos previos, el control social precisa una serie de  
elementos que se extraen de la definición; a continuación, se pasa a detallar y explicar cada  
uno de ellos con la finalidad de englobar los distintos tipos de control social que  
tradicionalmente existen (formal e informal) así como tratar de vincularlo a una nueva  
categoría propuesta, la que no se circunscribe a decisiones emanadas del Estado.  
2.1. Conjunto de directrices, englobadas o no en el ordenamiento jurídico  
Al hacer referencia a las directrices que dan lugar al control social se encuentran las  
pautas a seguir tanto por quien posea el poder que trae aparejado dicho control como el  
conglomerado de sujetos o actores sociales que deben adecuar su comportamiento a los  
parámetros. Esta parte se sitúa en el aspecto político tanto como orientación planificada con  
una finalidad concreta como la ideología perseguida. En otros términos, la actuación de la  
colectividad se encuentra condicionada a los factores que emanan del control, los cuales  
son decididos por el órgano o persona que tiene en sus manos delinear y aplicar el  
monitoreo.  
Como se ha indicado, el control social desde una perspectiva tradicional se sustenta  
en las sanciones de la política criminal, que para adecuar el comportamiento de las personas  
se recurre a la plataforma que los delitos y las sanciones mantienen, es una relación de  
acción y reacción contenida en el ordenamiento jurídico, en el entendido que el sujeto al  
tener alguna acción u omisión contraria a lo que determinen las nomas se producirá una  
consecuencia castigada por el Estado a través de sus órganos de administración de justicia.  
“
El efecto más importante quizá del sistema carcelario y de su extensión mucho más allá de  
la prisión legal, es que logra volver natural y legítimo el poder de castigar, y rebajar al menos  
el umbral de tolerancia a la penalidad” (Foucault, 2002: 281).  
Ahora bien, las relaciones de poder que dan lugar al establecimiento de directrices  
de comportamiento social se utilizan también como estrategias para un fin en concreto, sea  
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el bienestar general o mantener tal capacidad de control en manos de personas o entes  
específicos, con ello no solo el Estado tendría la posibilidad de ejercer el control social, sino  
que el ámbito se extendería a otros sujetos que no tienen autoridad constitucional o legal,  
se basarían en la proximidad con aquellos con poder decisorio.  
Precisamente, esta última parte es a la que se refiere esta investigación cuando  
señala que los parámetros de actuación no están estatuidos, necesariamente, en el cuerpo  
legal, también pudiera presentarse una adecuación del comportamiento colectivo con el uso  
de redes sociales por una persona que no tiene vinculaciones gubernamentales, pero  
ostenta carisma o posibilidad de influir de manera determinante en otros.  
“
Así, las respuestas están relacionadas con fines particulares o comunitarios y no  
societarios, referidos a propósitos más concretos… En consecuencia,  
corresponden a un tipo de control social instrumental que, por otra parte, no  
consigue asidero teórico dentro de las concepciones tradicionales del control”  
(
Romero Salazar et al., 2002: 668).  
En otros términos, se domina sobre la base de la necesidad, una sociedad que busca  
medios de subsistencia será una menor amenaza para el gobierno y para el que detente el  
poder. Se pierde la condición de ciudadanos y se deshumaniza a los hombres (Osorio  
Bohórquez, 2019) desde cualquier sector por las nuevas tendencias en las que no solo el  
Estado determina los mecanismos de control, sino cualquiera que tenga la habilidad para  
hacerlo.  
2
.2. Monitorean el comportamiento colectivo de las personas en un territorio  
determinado  
Al hacer uso de las directrices de control social, los resultados son variados, pueden  
ir desde demostraciones de carisma, modas, publicidad, hasta lineamientos de pensamiento  
e ideologías; en todo caso, la supervisión del comportamiento de la sociedad se hace para  
perfilarlo conforme a un fin específico y en un área territorial determinada, interna o externa.  
Acerca de esto último, los gobiernos procuran establecer maneras de conducirse en las  
personas a lo interno de su territorio, conforme a la soberanía que los arropa, y en el caso  
internacional, el control de las masas es utilizado por el sector privado, por ejemplo,  
empresas multinacionales.  
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Entonces, esa visión tradicional por la cual el control social se evidencia únicamente  
por las autoridades gubernamentales, en materia criminológica y penal, en un espacio  
geográfico nacional, ahora comparte el escenario por otros actores sociales que también  
tienen la capacidad de influir en masas indicando, de manera expresa o tácita, las pautas  
de comportamiento humano, especialmente por el uso de las nuevas tecnologías, sea desde  
la diversidad o desde la hegemonía. En cualquier supuesto, una de las directrices esenciales  
en materia de control social en la actualidad es el consumo.  
Dice Bauman (2000), que la promesa de contar con más dinero una vez que se  
paguen los impuestos atrae a los electores porque amplía sus posibilidades de elección, se  
piensa que esa promesa tiene un gran poder de seducción. Ahora bien, si a ello se le agrega  
que el consumo es gratuito, es indiscutible la atracción hacia tal ofrecimiento, mensaje  
utilizado por las administraciones gubernamentales con tintes socialistas.  
En este orden de ideas, el monitoreo requerido para el control social, se basa en tres  
estrategias fundamentales, que según Aguilar Avilés (2010) son la socialización, prevención  
y represión, las cuales explica de la siguiente manera:  
La socialización es aquella que convierte al individuo en un ser social y por tanto en  
personalidad, como la interacción entre individuos y los medios de comunicación:  
Comienza con el nacimiento y concluye con la muerte. De ahí ese enfoque colectivo que  
revela el control de las masas, el individuo asimila los factores sociales, culturales,  
ideológicos, políticos, que son determinantes en su comportamiento para adaptarse en la  
sociedad.  
En lo que respecta a la prevención, se realiza para evitar conductas que no están en  
correspondencia, con el sistema normativo del control social, impedir las desviaciones. Es  
la preparación o disposición que se hace anticipadamente, para evitar un riesgo o ejecutar  
algo. Puede ser como un medio intimidatorio o de exclusión, esta investigación considera  
que el control social desde la perspectiva criminal atiende al temor de la gravedad de las  
sanciones penales; mientras que, el riesgo de exclusión se presenta cuando el sujeto  
pudiere resultar aislado por criterios distintos a los de la generalidad en la que predomina  
la intención o idea del sujeto que detenta el poder.  
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Y, la represión es la última estrategia e interviene, cuando han fallado las dos  
estrategias anteriores y significa una limitación impuesta a la persona que incumplió  
regulaciones contenidas en el sistema normativo.  
2.3. Emanan de la persona u organismo que detente el poder en un momento  
histórico concreto  
Hasta el momento se ha señalado, que el control social ha tenido diversas  
transformaciones, la que se considera más reciente es la que se ajusta al criterio del actor  
social que detente el poder, por lo cual el Estado no es el único que puede monitorear,  
fiscalizar y supervisar a las masas para perfilar un patrón de conducta específico. El  
creciente uso de las redes sociales permite que perfilar los comportamientos sea cada vez  
más constante y variado en su forma, la supremacía que particularizaba al Estado se les  
adjudica a otros en la actualidad.  
El conglomerado de ciudadanos asume como ciertos y válidos los mensajes de  
aquellos que tengan en sus manos las herramientas de control, y en el caso contrario, si es  
el Estado que ejerce dicho control lo hará desde las sanciones o desde la represión violenta  
sostenida. Aunado a ello, la necesidad humana de pertenecer a algo, de sentirse  
involucrado en un colectivo con fines comunes o parecidos es terreno fecundo para el  
control, en palabras de Castel (2014: 16):  
“
Los problemas que plantea la exclusión ya no se encuentran únicamente en los  
márgenes de la sociedad. La amenaza de la exclusión también se cierne sobre  
las personas y los grupos que habían podido integrarse en ella, que parecían  
tener la capacidad de llevar una vida digna, y que puede que, si no se convierten  
en excluidos, estén en todo caso condenados a llevar una vida precaria sumida  
en la incertidumbre de qué va a ser de ellos el día de mañana, e incapaces de  
controlar su destino”.  
El modelo rentista distribuidor fue un poderoso motor de integración social y cultural;  
la movilidad social ascendente que va desde la década de los cuarenta hasta principios de  
los ochenta, financiada por la distribución desde el Estado en forma directa o indirecta, fue  
creando una imagen de futuro en la cual todos podían participar. Paralelamente, que buena  
parte de la elite política gozara de privilegios y cayera en la corrupción no era percibido  
como un problema intolerable, siempre que se distribuyera con amplitud, era una visión  
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clientelista para controlar a la población y de una aparente participación social (Patruyo,  
Gómez Calcaño, 1999).  
En Venezuela, las últimas dos décadas, a pesar de que en un principio se expandió  
el gasto público y hubo una ilusión de prosperidad, la finalidad era hacer a todos los sectores  
del país dependientes del Estado para poder controlarlos de manera paulatina, lo siguiente  
fue asumir al Estado en un leviatán, con la progresiva concentración de poderes y la pérdida  
de libertades por parte de los venezolanos (Osorio Bohórquez, 2019).  
Y, desde el sector privado, son las empresas multinacionales con gran poder  
económico, o personas individuales con enorme capacidad de influencia quienes utilizan  
estos recursos acompañados de las nuevas tecnologías y la rapidez de la información (que  
comparten con los órganos estatales el control social). Se trata de una nueva figura de  
control, en la que el protagonismo no está en manos del Estado. La participación de la  
sociedad es determinante, los negocios, las interacciones sociales, el trabajo, los sistemas  
educativos, la recreación, la multiplicidad de actividades de las personas guardan estrecha  
relación con las opiniones de los sujetos con capacidad de inspirar y comunicar ideas e  
ideologías.  
3. Tipos de control social  
El control social está estrechamente relacionado con el orden social, esto encuentra  
sustento en la opinión de Ross (citado por Toro Silva, 2019) para quien el orden social  
descansa en la idea de que los miembros de un grupo ordenado no se desvían de su camino  
agrediéndose entre sí, ello presupone necesariamente alguna clase de control, puesto que  
debe existir una autoridad reconocida que separe la línea de demarcación entre los  
intereses en conflicto.  
El término control social obedece, entonces a distintas vías de monitorización,  
supervisión, fiscalización e intervención por parte del Estado (para esta investigación  
también el sector privado), básicamente se divide en dos grandes categorías, a saber:  
control social formal y control social informal, a ellas se le suma una nueva tipología  
denominada control social no estatal. Sostiene Gabaldon (2021) que hay diferencias entre  
lo formal e informal, la primera refiere a lo rígido, protocolar y caracterizado por etiquetas  
duras, más difíciles de remover, mientras que, lo informal refiere a lo flexible, antiprotocolar  
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y caracterizado por etiquetas blandas, más fáciles de remover, independientemente de la  
intensidad de la coacción. Conforme a ello, a continuación, se presenta una serie de  
comentarios de cada una de las categorías mencionadas.  
3.1. Control social formal  
Los Estados tienen entre sus atribuciones monitorear a la población y establecer los  
mecanismos que, en principio, eviten conflictos por desviaciones de algunos de los sujetos,  
en razón de ello pone en funcionamiento un gran aparataje de órganos, instituciones,  
procedimientos, políticas, planes y programas, que se entrelazan y deben mantenerse de  
acuerdo a los parámetros establecidos por la autoridad, situación ésta que se mantendría  
conforme a los lineamientos de la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos  
en el entendido que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no al contrario.  
Lo anterior es de acuerdo a los extremos que el marco jurídico determina, por ello el  
control social adjetivado como formal atiende al estricto cumplimiento de las normas, pero,  
además, se circunscribe a que la idoneidad de las decisiones de política de control social  
estén conforme a los lineamientos que, de modo general, aparecen en principios y valores  
sociales. En otras palabras, lo formal no se materializa solamente al cumplir con los dogmas  
jurídicos explícitamente determinados en las constituciones y en las leyes, sino que se  
deben tomar en seria consideración las variables axiológicas que conlleven al respeto de  
los derechos de la población.  
Por lo tanto, “Las reformas legales y su ejecución práctica deberían proponer a  
satisfacer estas necesidades de seguridad y protección, antes que prurito técnico y  
cuestiones teóricas que reclaman la participación exclusiva de especialistas” Gabaldon,  
2
021: 80). En términos generales, “El control social formal consiste en la ideología-derecho  
que contiene una sanción jurídica y está promulgada” (Sánchez, 2012: 20), conforme al  
mencionado autor, el control social formal se divide en dos:  
Control social formal puro, en el cual la ideología es una norma obligatoria, que  
para su formación discursiva y aplicación cumple con los parámetros generales del  
Derecho, además de ser jurídicamente coercitiva y se basan en que la ignorancia de la  
ley no exime de su cumplimiento. Y, el control social formal espurio, es jurídicamente  
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coercitivos, pero no respeta los parámetros generales ni en su construcción discursiva  
ni en su aplicación.  
Control social formal duro, se evidencia al aplicarlo a personas sin poder;  
mientras que, el control social formal blando, se aplica a quien tenga más poder. En  
ambos casos hay responsabilidad jurídica, pero la sutiliza o no en el control deviene por  
la posición de poder efectivo que tengan los agentes que lo ejercen frente a los sujetos  
a los que se les impone el control.  
Entonces, de entrada, el control social formal es el que se evidencia cuando el Estado  
como sujeto activo lo ejerce con exacta correspondencia al ordenamiento jurídico, de ahí  
esa competencia supervisora que le es natural a las instituciones estatales. Hasta allí  
cualquier Estado, indistintamente su sistema de gobierno, pudiera justificar sus actuaciones  
con el solo hecho de estar plasmadas en las leyes, esto daría lugar a arbitrariedades o  
2
excesos (por ejemplo, los casos de leyes habilitantes, censura, represión, pobreza,  
ignorancia, alimentos y servicios públicos) si no se le hace acompañar de otra condición, la  
cual consiste (como se dijo) en el fundamento del sistema de valores humanos, algunos de  
ellos plasmados como derechos humanos y que conlleven a la certeza de su respeto.  
Una de las grandes advertencias que se pueden hacer si al control social formal no  
se le agrega esa segunda condición, es en los casos de los sistemas gubernamentales  
catalogados como autoritarios, ya que bastaría con incorporar la política u orden en las  
normas para asumirlas como legales y formales, cubrirían cada requisito protocolar  
necesario para que entre en vigencia y, por lo tanto, asumirla y obedecerla sea obligatorio  
para los ciudadanos.  
3.2. Control social informal  
En este caso, la informalidad se refiere a la espontaneidad de las directrices que  
condicionan los comportamientos, es decir, del control social. Existe una tendencia,  
“
Especialmente marcada por estudios etnográficos y críticos, a valorar lo informal como  
2
“Esta idea del poder como total imposición no hará más que reforzarse cuando nos situamos en un escenario  
autoritario, hegemónico y de vocación totalitaria, como por lo general prevalece en aquellos regímenes  
autodenominados socialistas. El totalitarismo socialista no tolera ninguna ideología que no sea la suya;  
ninguna libertad intelectual, espiritual o política que no sean las utopías que predica. Por el contrario, a mayor  
la resistencia, mayor la implacable fuerza del poder para emprender la tarea aniquiladora. Este ha sido el  
símbolo de nuestro tiempo atravesado de punta a punta por la lógica totalitaria” (Cartay y Dávila, 2020: 130).  
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menos intenso o violento, lo cual no es necesariamente cierto, considerando formas  
coactivas informales de muy elevada intensidad y atrocidad, como son las ejecuciones  
extrajudiciales y los linchamientos” (Gabaldon, 2021: 11).  
Para Sánchez (2012), el control social informal tiene una coerción moral o social.  
Suelen utilizarse por iniciativa de la población en aras de satisfacer una necesidad o  
carencia colectiva que no ha sido cumplida por el Estado. No se le deslinda de las políticas  
públicas totalmente, pero carecen del respaldo institucional formal, no se trata de  
actividades fuera del ordenamiento jurídico, es la colectividad organizada la que procura,  
con sus recursos, colmar alguna pretensión comunitaria concreta.  
Las de mayor relevancia implican, en primer lugar, a la salud; y, en segundo lugar, a  
la seguridad social como protección y no como prestación, a saber, esa sensación de  
resguardo de los seres humanos. Si el Estado no cumple cabalmente tales necesidades  
colectivas (salud y seguridad) sea por insuficiencia presupuestaria, manejo indebido de los  
fondos, falta de inversión, inadecuada aplicación de normas, entre otros elementos, los  
ciudadanos resuelven organizarse para satisfacer las carencias.  
En lo que respecta a la salud, uno de los mecanismos utilizados por la población es  
el uso de sorteos que permitan cubrir los gastos generados por enfermedades de alto costo.  
Es un hecho público y notorio ampliamente documentado, Nuñez Rabascall (2022) sostiene  
que, pacientes con cáncer recurren a la caridad para poder cumplir sus tratamientos, pues  
en la red de hospitales públicos no sólo son escasos los tratamientos, sino que los equipos  
médicos también fallan con frecuencia.  
“
De esta forma, la crisis reforzó un silencioso proceso de privatización del sistema  
de salud venezolano que, bajo una administración inconsistente, no ha sido  
objeto de una reforma profunda y sustentable, orientada a la universalización del  
acceso y la garantía del derecho a la salud. Así, el sistema de salud de Venezuela  
ha quedado como un paciente sin remedio” (Carrillo Roa, 2018: 12).  
Por su parte, la falta de protección se satisface por medio de un control propio por  
parte de las comunidades, distintos mecanismos como vigilancias privadas sin preparación  
adecuada, uso de pitos, cierre de calles, generan una sensación de seguridad, en ocasiones  
acompañada de linchamientos y justicia informal. Romero Salazar, Rujano Roque, y Del  
Nogal (2002) explican algunas manifestaciones, a saber:  
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Vigilancia informal, con ello se trata de reducir el riesgo de los atentados contra  
la vida y el aseguramiento de algunos bienes. La decisión de contratar vigilantes  
informales la toma la directiva del condominio o de la asociación civil, para responder a  
las exigencias de seguridad de los propietarios e inquilinos de las urbanizaciones.  
Cierre de espacios residenciales, es una suerte de refugio hace para que los  
vecinos se sientan seguros, pues el amurallamiento restringe las posibilidades de acción  
de los delincuentes.  
Organizaciones comunitarias de seguridad, combina la prevención situacional  
(
(
que opera a través de la modificación del espacio urbano) con la prevención social  
implica la neutralización de los factores criminógenos), se materializa a través de una  
red de dispositivos de intervención sobre sectores poblacionales en riesgo. Ambas  
estrategias servirían para reducir la sensación de inseguridad que reina en las  
comunidades.  
Conclusión  
El control social no estatal: ¿nueva categoría?  
Una nueva categoría de control social se implementa en función del uso de  
herramientas tecnológicas masivas como es internet y las redes sociales, las cuales al ser  
utilizadas por órganos estatales no cambian la naturaleza del control social pues prevalece  
el hecho que el agente que detenta el poder es el Estado, por ello es pertinente advertir que  
se trataría de un control social formal. Cuando esta investigación se refiere, concretamente,  
al control social no estatal es que se basa en el monitoreo para perfilar determinados  
comportamientos por medio de tales estructuras de comunicación masiva y, el actor social  
que detenta el poder es pertenecientes al sector privado en una escala más amplia que los  
del control social informal.  
Con el auge de las nuevas tecnologías y la revolución digital, la sociedad está hoy  
más viva que nunca: el incremento en el volumen, velocidad y el tipo de información han  
reforzado y revitalizado la información. La distribución y procesamiento de la información  
caracteriza a este tipo de sociedad, que requiere de tecnologización y digitalización. Luego,  
aparece la sociedad que más que información, reclama conocimiento, fuertemente  
influenciada por la informática, las telecomunicaciones (en especial internet) y los medios  
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de comunicación; de este modo, la información que contendrá los datos en bruto y los  
integrantes de dicha sociedad accederán a esa información, a esos datos, y los conocerán.  
Dichas herramientas tecnológicas, son un medio para distribuir información, pero,  
sobre todo, un medio de conocimiento y de saber capaz de modificar nuestra memoria,  
nuestros comportamientos y nuestra identidad personal y social. Y, la sociedad digital, que  
se caracteriza por vivir, cada vez más, en un espacio virtual (Polo Roca, 2020).  
“
Las empresas sacan beneficio económico de nuestros datos y venden información  
relativa a nuestras vidas, la información que dejamos en la red puede ser usada para  
localizarnos geográficamente, etc.” (Polo Roca, 2020: 63). Al dejar información en las redes,  
la misma puede ser utilizada con fines de monitoreo y fiscalización política, comercial. En  
estos casos, la capacidad económica y de carisma son factores de gran relevancia, las  
empresas multinacionales y figuras públicas hacen uso de sus sistemas de influencia para  
generar patrones de comportamiento y evitar desviaciones, las cuales, aunque no  
aparezcan contempladas en el ordenamiento jurídico conllevan a una sanción que afecta a  
la población por la presión social y la necesidad de pertenecer a un colectivo.  
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